Según Grossman (1995) y Azam (1995) los conflictos armados y las guerras ocurren si los incentivos por rebelión son lo suficientemente grandes en relación con los costos (1–3). Detrás de los intereses políticos, culturales y sociales que configuran un conflicto armado, los intereses económicos ocupan un papel dominante.
Por más de seis décadas, el conflicto armado colombiano ha generado costos económicos para el país y la sociedad (6). Costos directos, relacionados con los gastos en defensa y seguridad, asociados a la destrucción de infraestructura, costos de capital físico y costos del capital humano, aquellos relacionados con la pérdida de productividad por muerte prematura o discapacidad. También, se destacan los cambios en comportamientos individuales, asociados al aumento de la disponibilidad a pagar por mantener la vida, en el caso de secuestros y extorsiones (7). Esto último deja un campo de estudio microeconómico amplio, sobre el que aún falta por profundizar.
El objetivo del presente estudio fue revisar sistemáticamente la literatura relacionada con la cuantificación y estimación de los costos económicos del conflicto armado en Colombia.
Se analizaron 18 estudios que describían costos relacionados con el conflicto armado en Colombia o realizaban alguna aproximación econométrica a la explicación del impacto del conflicto en el crecimiento económico. Los estudios más antiguos fueron publicados en 1995 y las publicaciones más recientes se realizaron en 2016 Tabla 1. Nueve estudios fueron de tipo descriptivo (9,11–18) y el resto correlacionales (19–27) Figura 1.Colombia está entre los 15 presupuestos con mayor gasto en guerra del mundo (Otero) (18) Figura 2.
Los estudios incluidos se consolidaron en tres grandes grupos: costos directos, indirectos y modelos de crecimiento. La mayoría de las publicaciones estimaron costos directos: tres estudios reportaron gastos del Estado en defensa y seguridad (14,17,18); cuatro investigaciones describieron costos relacionados con el secuestro (12–14,17); dos, los costos asociados con los procesos de desmovilización (14,17); y un trabajo exploró los costos ocasionados por la lucha contra el narcotráfico (14). En las Tabla 2 y Tabla 3, se presentan los costos seleccionados de los estudios incluidos en la revisión, discriminados por variables de análisis y periodos de tiempo.
El conflicto armado en Colombia ha generado destrucción, especialmente en la infraestructura de oleoductos, torres eléctricas, e infraestructura ferroviaria, vial y aérea. Entre 1986-1997, los costos generados por grupos al margen de la Ley asociados a atentados al oleoducto Caño-Limón–Coveñas, totalizaron $2,39 billones de pesos, lo que correspondería al 0,30% del PIB de 2015 (12). A su vez, para el periodo 1999-2003, los costos asociados a la destrucción de infraestructura fueron de $1,83 billones de pesos (14) Tabla 3.
Para el periodo 1991-1996, Trujillo, E. (1998) (12) estimó los costos netos del conflicto armado en $17,69 billones de pesos, lo que representaría el 2,21% del PIB de 2015. Igualmente, para 1999-2003, Pinto (2005) (14) estimó los costos generados por la violencia armada en Colombia, totalizando para el periodo $27,40 billones de pesos, cercanos al 3,43% del PIB 2015 Tabla 2.
El Estado colombiano ha invertido, en diversos periodos, recursos para la lucha contra el secuestro; para 1999-2003, destinó para este fin $391 mil millones de pesos (14), cifra que disminuyó para 2007-2012 a $189 mil millones (17). La Figura 3 presenta la distribución porcentual de los costos asociados al secuestro en Colombia, que se extrajeron del estudio de Pinto, M (13).
Al analizar las pérdidas de capital humano relacionadas con el secuestro, entre 1999-2003 se perdieron en promedio $30,16 mil millones de pesos, valorando el tiempo que demoraban en cautiverio los secuestrados (14). Además, las pérdidas de capital humano relacionadas con la muerte prematura a secuestrados y aquellas asociadas a las muertes de personal militar, sumaron para este mismo periodo $125,52 mil millones (14) y $1,23 billones, respectivamente Tabla 2 y Tabla 3.
Respecto a los costos indirectos, estudios realizados por Pinto (2004-2005), estimaron pérdidas de capital humano asociadas a la violencia armada (secuestro y al uso de minas antipersona) (13,14). Los estudios de modelos de crecimiento, donde se valoró las relaciones entre conflicto armado y variaciones del PIB se resumen en la Tabla 4. Entre estos estudios, dos autores realizaron modelos de regresión (22,24,27), tres usaron en sus métodos mínimos cuadrados (20,21,26) y tres autores especificaron otros tipos de modelos (16,23).